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El Tribunal Constitucional (TC) emitió ayer un fallo en que descartó que el proyecto que regula las responsabilidades de usuarios y emisores de tarjetas de créditos ante fraudes tenga normas inconstitucionales, rechazando el requerimiento presentado por la Asociación de Bancos (ABIF) en contra de la iniciativa, por lo que quedó en condiciones de ser promulgada como Ley de la República.

La futura ley establece que corresponderá al emisor probar que las operaciones fraudulentas fueron autorizadas por un usuario y debe proceder a la cancelación de cargos y restitución de fondos cuando el monto reclamado sea de hasta 35 UF, es decir, cercano a $ 1 millón, en un plazo máximo de 5 días hábiles y ejercer las acciones legales que considere necesarias.

Fuente: Diario Financiero (07/05/2020)
Benchmarking. Información de la competencia.